Las Audiencias de Postville: Justicia. ¿Perdida en la Traducción?

Por Dr. Erik Camayd-Freixas

Yo fui uno de los 16 intérpretes que prestaron servicio durante las dos semanas de las audiencias de Postville. Al contrario de los jueces, fiscales y abogados, yo estuve presente en cada paso del proceso. Es mi deber, como testigo experto e imparcial y como funcionario judicial, asegurarme que el tribunal no reciba información errónea, y señalar cualquier impedimento al debido proceso de ley.

Así lo he hecho en defensa del Tribunal Federal al cual estoy muy orgulloso de servir, y con pleno convencimiento de que si nuestros honorables jueces hubiesen sabido cómo iba a terminar este experimento judicial, jamás lo habrían permitido.

Durante esas dos semanas, del 12 al 23 de mayo, observé los siguientes defectos:
· El centro de detención temporal no estaba certificado por el buró de prisiones.

· El tribunal no mantuvo independencia física ni operacional de la fiscalía de ICE, ni brindó igualdad de condiciones para la defensa.

· No hubo acceso adecuado a consejería legal.

· No hubo auténtica presunción de inocencia.

· Los acusados parecían no entender los derechos a que renunciaban ni los cargos que enfrentaban.

· Se les negó audiencia para pedir fianza, así como otros derechos constitucionales.

· El cargo de “robo de identidad” con que se les amenazó para forzarlos a declararse culpables no tenía base y nunca se examinó si había motivo fundado.

· Muchos acusados no sabían lo que era un Número de Seguro Social, y por lo tanto no podían ser culpables de delitos “intencionales”.

· Muchas declaraciones de culpabilidad se obtuvieron bajo coacción.

· Los jueces no tenían discreción de variar la condena que imponía el acuerdo obligatorio de culpabilidad.

· Padres y madres, atormentados por la difícil supervivencia de sus hijos sin sostén, enfrentan ahora un castigo psicológico cruel e inusitado, producto previsible del encarcelamiento de unos simples padres de familia.
El apresurado proceso masivo acumuló injusticias al otro extremo de la línea de producción:
· Padres que suplicaban ser deportados fueron enviados a la cárcel a costo público.

· Orgullosas madres trabajadoras: marcadas como ganado con la letra escarlata de un localizador electrónico al tobillo, deshumanizadas, y forzadas a mendigar a las puertas de la iglesia para mantener a sus hijos, porque las autoridades las dejaron “libres por motivos humanitarios”.

· El pueblo de Postville devastado, y los lazos humanos que nuestra noble gente está siempre presta a forjar con sus nuevos vecinos, dolorosamente tajados.

· Familias y amigos, separados.
Vi negada la Carta de Derechos de la Constitución, y nuestros valores democráticos amenazados al burlarse el principio de la separación de poderes. Y todo con el barniz legal que le impartía un sistema de inmigración roto.

Postville pone de manifiesto una grave distorsión en la estructura legal de gobierno.
Post 9/11, se le otorgó a ICE amplios poderes para librar la guerra contra el terror. Pero desde el 2006, ha desviado recursos, incluso los previstos para desastres, hacia una recrudecida y desautorizada guerra contra la inmigración.

El hecho es que nuestras leyes no se han mantenido a la par de este vertiginoso aumento de las redadas en los centros de trabajo. El Congreso ha fallado en pasar la reforma migratoria, y ICE ha llenado el vacío legal imponiendo su propia y nefasta versión.

Ahora tenemos una profunda contradicción en nuestro seno: el auge de un régimen autoritario dentro del cascarón de una democracia constitucional. Esta entidad puede ahora controlar simultáneamente el código penal y la ley de inmigración, además de dictar decretos administrativos, para así no dejar lugar a garantías constitucionales. Presiona además a otras dependencias de gobierno: al Seguro Social, la Fiscalía y el Tribunal Federal… y usa su enorme presupuesto para reclutar a la policía local para la campaña de arrestos de inmigración: poniendo vecino contra vecino, y dividiendo peligrosamente a la nación.

Con ayuda de alguaciles locales, Postville se repite diariamente, mientras que la rudeza de la ley de frontera se impone en el centro de la nación, infligiendo un enorme daño colateral a nuestros ciudadanos y comunidades. Es un desaforo por hacer la mayor cantidad de redadas, antes de que el Congreso recupere la visión y el coraje de los Padres Fundadores y restaure la ley de la patria. La reforma migratoria ha de comenzar por redefinir la jurisdicción de ICE sobre los asuntos penales y de inmigración, sin perjudicar su capacidad de defendernos de las verdaderas amenazas del terrorismo.

Nuestra unidad nacional requiere, no solamente una reforma migratoria integral, sino también compasiva, que esté a la altura de la dignidad de este gran país, construido sobre hombros de inmigrantes, por sus hijos.
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Erik Camayd-Freixas es profesor de letras en Florida International University.
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